Una reflexión en medio de la crisis chilena

Nuestro sector cada día cobra mayor relevancia en las políticas públicas de los estados y los gobiernos del mundo por los desafíos que implica el aumento de la población mundial y la posible crisis alimentaria que ello conlleva. Además de la exigencia de sostenibilidad de las cadenas de producción y también por el cambio climático y los problemas de salud pública.

Es muy difícil tener un diagnóstico preciso cuando estamos en medio de una crisis profunda como la que estamos viviendo en Chile, en que la ciudadanía interpela a todos y cada uno de los actores que han conducido el exitoso modelo de desarrollo chileno en las últimas décadas y la presión social ha logrado que el Estado se abra a la posibilidad de construir una nueva Constitución, que fije nuevas reglas para el funcionamiento de la sociedad futura.

En el caso de la industria frutícola es la que menos se ve afectada por esta crisis y la que menos es interpelada por el veredicto público o social. La minería, la acuicultura o la silvicultura son lejos las más cuestionadas por la opinión pública, junto con la industria energética o la propia agricultura tradicional, por sus prácticas económicas, sociales y de sustentabilidad.

Esto no quiere decir que no debamos reflexionar y enmendar lo que debamos enmendar, porque si bien se tiende a pensar que Chile es una potencia agrofrutícola a nivel mundial, lo cierto es que varias de las prácticas que componen la cadena de producción son rechazadas por legislaciones más modernas. No hace mucho tiempo que la opinión pública internacional llamó a un boicot de la palta chilena por la forma poco sostenible en que esta es producida en algunos sectores. Incluso algunos elegantes restaurantes de mantel blanco en el mundo la sacaron de sus cartas, en solidaridad con este boicot.

Debemos preguntarnos entonces respecto a lo que nos falta en la industria frutícola chilena para que se apliquen estándares más estrictos en la producción de nuestras frutas, debido a que nuestro sector cada día cobra mayor relevancia en las políticas públicas de los estados y los gobiernos del mundo, por los desafíos de aumento de la población mundial y la posible crisis alimentaria que ello conlleva. Además de la exigencia de sostenibilidad de las cadenas de producción y también por el cambio climático y los problemas de salud pública.

En el caso de la agricultura tradicional la situación es más delicada, debido a que la sociedad mundial ve con preocupación cómo los suelos fértiles dejan de serlo producto de la deforestación, provocando como consecuencia un aumento de las temperaturas, que incide en la producción de alimentos frescos, saludables y a precios accesibles. Asimismo, la agricultura está en entredicho socialmente por la industrialización a ultranza y la carencia de empatía, lo que ha llevado al desperdicio indiscriminado de alimentos en buen estado, agregado a que la ganadería y otras facetas de la vida rural se vean seriamente interpeladas por su impacto en el calentamiento global.

Al respecto, la FAO afirma que “una agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales, la equidad y el bienestar social es insostenible”.

En este contexto, la implementación de políticas y planes que mejoren la insostenibilidad actual es imprescindible. Debe comprenderse que la humanidad se encuentra frente a un problema global, que debe ser abordado de manera conjunta y colectiva, y no de manera individual por cada país o región, o área de la producción. Debemos apuntar a medidas más eficientes para atenuar la degradación ambiental, la escasez de recursos básicos, los desastres naturales y la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales, entre varios otros conflictos socioambientales y éticos que se encuentran presentes en la conversación ciudadana.

Si a esto sumamos los conflictos por bienes básicos de las personas, o el desplazamiento forzoso de comunidades completas, que han perdido sus fuentes acuíferas y sus fuentes de alimento debido al impacto de la producción industrial en sus tierras, el panorama no es nada alentador y nos obliga a reflexionar sobre la posibilidad real de un cambio de paradigma.

Contexto internacional

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas se plantean el “hambre cero” en 2030, pero en un contexto de agricultura sostenible, lo que implica que se debe duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Los ODS buscan asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Estas metas, más allá de ser una declaración de buenas intenciones, intentan influir en las legislaciones nacionales y cambiar prácticas comunes que, en pleno 2019, siguen siendo completamente insostenibles y degradan los suelos.

El uso del agua

Chile es un país que cuenta con más de 30 Tratados de libre comercio con varias decenas de países correspondientes a la totalidad de continentes del mundo, por lo que su agricultura se encuentra altamente industrializada y enfocada en la actividad exportadora que, por lo mismo, no genera los espacios necesarios para que se fomente una producción a menor escala, o más local. Los ciudadanos opinan que el modelo de producción agrícola que existe en Chile es un reflejo de la forma de producción extractivista que existe en todo el territorio, lo que ha colapsado, por ejemplo, el uso de los recursos hídricos. Por ejemplo, en el caso de las paltas, se ha pasado de 2000 hectáreas productivas en la década de 1990, a más de 16.000 hectáreas en la actualidad.

Por esto, es urgente avanzar en la regulación del uso del agua, como en la legislación sobre el uso de plaguicidas, uno de los asesinos silenciosos en el campo chileno. En el caso del agua incluso es posible que la nueva Carta Magna que se intenta construir a futuro cambie el paradigma y se deba rearticular todo lo relacionado al uso del este recurso y sobre todo a su propiedad.

En resumen, la interpelación de la sociedad al modelo de desarrollo debemos enfrentarla con proactividad e iniciativa, no esperar que lleguen a golpear a nuestra puerta y enfrenar el desafío desde ahora, fortaleciendo la institucionalidad y la gobernanza medioambiental, protegiendo los derechos de los que trabajan en nuestros procesos productivos, y avanzar a una mejor regulación de los recursos hídricos en nuestra industria agrícola, además de un mayor control del uso de plaguicidas para que, como señala el lema de los ODS, “nadie se quede atrás”.